Políticas de integración social y segregación sistémica

n hurgador de residuos en Montevideo sale de un contenedor luego de buscar algún objeto comercializable

En nuestro país, en los últimos años se ha desarrollado una multiplicidad de políticas sociales de inclusión social.

Son políticas que buscan combatir diversos fenómenos de discriminación de variados tipos. Es así que hay políticas enfocadas a la segregación económica, en lucha contra la pobreza extrema, asistiendo  a la población pobre y aún indigente con dinero, alimentos, asistencia médica y servicios educativos públicos. También hay programas de reasentamiento que buscan —para quienes residen en infraviviendas ocupando informalmente ciertas zonas— que pasen a residir en localizaciones regulares, saneadas y con disposición de servicios. También hay políticas en contra de la discriminación étnica, de edad o de género. Todo esto, en principio y más allá del juicio sobre su efectividad y eficacia relativa, está bien y debe apoyarse.

Pero cabe una observación: mientras que las políticas sociales de integración social son discretas y específicas, esto es, atienden de a uno y problema a problema a los afectados, mientras sucede efectivamente esto, por otra parte, la sociedad y su economía persiste en una masiva y generalizada segregación sistémica.

Así, el proceso de segregación socio-espacial persiste en nuestras ciudades. Los nuevos conjuntos habitacionales se sitúan en las periferias, mientras que en las áreas centrales se vacían progresivamente en un deplorable espectáculo de fincas y comercios vacíos, a la espera de una sustitución inmobiliaria que tarda en concretarse. Los pobres, aún con viviendas adecuadas, se sitúan en locaciones alejadas de todo servicio urbano, el que será provisto, no sin dificultades y retrasos, por la inversión pública.

Todo parece indicar que mientras que las políticas públicas gotean hacia el espacio social, la segregación socioeconómica sigue inundando las cuencas.