La propuesta
Viñoly-Cipriani
El problema trascendente es que
los uruguayos decidamos, de manera transparente, hasta qué punto seremos
dóciles testigos de decisiones de inversión de capitales que pretenden actuar
sobre nuestro territorio. ¿Queremos minería de gran porte? ¿Queremos que la
forestación siga expulsando mano de obra de nuestro medio rural y restando
diversidad a nuestra vida? ¿Queremos que se abra una carretera y se construya
un puente en plena costa (Laguna Garzón) para que un inversor venda mejor las
tierras llenas de cárcavas, que debieran ser no edificables por sus dinámicas
intrínsecas? ¿Queremos alentar el
crecimiento especulativo de ciudades, para las que después deberemos construir
y mantener las infraestructuras y servicios urbanos?
Isabel
Viana, semanario Voces, 2018
En un
contexto en que existe un nivel de desocupación inquietante en la escala
nacional, preocupante en Maldonado y agudo en el subsector de la construcción,
una propuesta de inversión en la industria siempre es vista con interés. Sin
embargo, lo que cuenta, a mediano y largo plazo, es la sustentabilidad global
de toda la economía global de la zona para proveer de puestos de trabajo
genuinos, duraderos y estimulantes al desarrollo local. Uno de los problemas de
naturaleza ética, política y económica estriba en calificar metódicamente la
naturaleza efectiva de la provisión de empleo tanto en la fase puntual de la
construcción así como en la plena ocupación del emprendimiento. Es
peculiarmente delicado justipreciar las externalidades e impactos ambientales
resultantes de tal propuesta. Porque no sólo se trata de gastar e invertir
dinero sino de obtener valor
material, ambiental y simbólico ¿no es verdad?
Un
emprendimiento inmobiliario implica de suyo el abrir cauce a inversiones
necesarias a nuestra economía, se afirma con razón. Pero no es menos cierto que
suponen importantes diferencias cualitativas tanto los montos brutos, los
flujos y sus derrames efectivos sobre la economía local, con sus efectos de
escala, intensidad y, sobre todo, sostenibilidad en el tiempo. Porque se trata
de determinar qué valores materiales, ambientales y simbólicos obtienen no sólo
los inversores y sus clientes, sino también las instituciones del Estado y la
propia comunidad en su conjunto ¿no es verdad?
¿Vamos a seguir viviendo de la
guita negra que viene de la Argentina, para decirlo en criollo, o tratamos de
replantear esto de otra forma?
Arq.
Rafael Viñoly, ante la Junta Departamental de Maldonado, 2018
El
argumento del destacado proyectista implica un argumento que aboga por la
implementación del dinero (no se especifica su color ni condición higiénica) de
origen extrarregional, dícese que europeo. No queda claro, de todas formas, quiénes invertirían en cada fase del
negocio que, luego de no se sabe cuántos pases de mano, terminaría en los
usuarios-habitantes, si estos llegaran a existir. El modo que coexistirían
estas dinámicas de inversión e implementación con las propias de la zona
preexistente es una intriga en donde no es prudente incurrir en ingenuidades.
Recuérdese que nos ocupa aquí la propuesta de un enclave urbanístico de nueva
planta y no un mero edificio singular más o menos integrable a la trama y traza
preexistente.
Llegados
a este punto debemos asumir la condición ética y política propia de la primera
persona del plural: nosotros. Porque
somos efectivamente nosotros, los que habitamos esta comarca, los que nos debemos
hacer cargo de la responsabilidad plena de decidir y condicionar la vida de
nuestros descendientes, de asumir desafíos para decir a esto sí y a esto otro
no. ¿Nos es deseable alentar esta urbanización sin ciudad, este mosaico sociourbano,
este territorio tachonado de enclaves autónomos, este paisaje proliferado de
objetos singulares, este ambiente cada vez más impactado por modos ásperos de
presencia construida?
