Conviene observar con algún detenimiento
que, en primer lugar, nunca son alcanzados todos los sujetos afectados por el
déficit habitacional; y, por otra parte, es necesario especificar qué figuras
sociales son las concretas formas objetivo de las políticas sociales al
respecto. El potencial productivo y financiero de los estados nunca resulta
suficiente para que haya soluciones para todos los necesitados. Esto se asegura
mediante el expediente de la clasificación de la población pobre según
criterios de su menesterosidad relativa, so pretexto de enfocarse en los
sectores “más necesitados”. De este modo, siempre hay pobres que resultan no
tan necesitados que deberán esperar indefinidamente a que se atienda primero a
los más apurados. Sin embargo, también es exigible por la autoridad que tal
población sea mínimamente solvente para el repago de los créditos, con lo que
se asegure que la política se aplica a trabajadores con ingresos más o menos
regulares y previsibles.
En segundo lugar, es verificable que las
políticas sociales de vivienda tienen como beneficiarios las familias
convencionalmente constituidas. Con tal expediente se asegura que una política
social de vivienda sea también una política social de promoción de la infancia.
Y también se consigue así que el proletariado cumpla disciplinadamente con el
papel social de reproducirse, y, al hacerlo, ampliar sostenidamente las huestes
del trabajo. Con lo que una política social de vivienda también supone una
política disciplinante de la clase trabajadora.



















